Narcotráfico y cultivos ilícitos, principales riesgos para los líderes sociales en el país


Es necesario priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones y recuperar a legalidad como garantía de los derechos humanos: Ministerio del Interior

El narcotráfico, los cultivos ilícitos y la cadena con los actores armados son los principales riesgos identificados en las zonas donde se han emitido las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Estas alertas registran un incremento de amenazas y homicidios de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas. De hecho, las cifras oficiales de homicidios, avaladas por la ONU, señalan que 61 casos se presentaron en 2016; 84, en 2017 y 110, en 2018. En lo corrido del 2019, se han presentado 6 casos.

A la fecha se contabilizan 98 alertas que abarcan 141 municipios y 26 departamentos del país; de estas, solamente 4 alertas (8 municipios) no están asociadas a temas de narcotráfico y cultivos ilícitos. De los municipios referidos, el 53% (75 municipios) están en riesgo alto y medio alto por cultivos ilícitos, identificando una relación entre el incremento de la siembra y la cadena del narcotráfico en su complejidad, con la emisión de las Alertas Tempranas.

Los municipios de Tumaco, El Charco (Nariño); Tibú, El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), ubicados en zona de frontera con Venezuela y Ecuador, respectivamente, han sido identificados como de alta incidencia de la violencia asociada al narcotráfico.

También se estableció, teniendo en cuenta las 98 alertas tempranas emitidas hasta el momento, que los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Cauca, Guaviare, Chocó y Atlántico presentan mayor afectación con relación a reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para vincularlos a grupos armados ilegales o como mano de obra directa en producción, distribución o comercialización de la cadena de narcotráfico.

El Ministerio del Interior recomendó priorizar las zonas donde se evidencia incremento de cultivos ilícitos para ejercer acciones de todo el estamento, para la recuperación de la legalidad como garantía de los derechos humanos de la población que habita en estos territorios.