Procuraduría entregó a la JEP primer informe sobre 1.588 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado


El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz un primer informe sobre 1.588 procesos disciplinarios, entre activos y concluidos, relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado interno.

Del total de casos presentados, 733 corresponden a investigaciones que se encuentran activas en las procuradurías delegadas, regionales, provinciales y distritales del país al 31 de enero de 2018, y 855 a finalizadas con decisiones de fallo o archivo entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017.

De los 733 procesos activos, las conductas más investigadas corresponden a muertes presentadas ilegítimamente como bajas, con 650 casos; atentados o afectaciones a la libertad personal, con 23; daños o sufrimientos físicos o sicológicos, con 21, y conductas por determinar, con 17.
En 692 de esos procesos los investigados pertenecen al Ejército, 14 a la Armada Nacional, 3 a la Policía, uno a la Fuerza Aérea, otro más se desempeñaba como funcionario municipal y en los 22 restantes aún no han sido identificados los responsables.

Durante la entrega del documento a la Sala de Revisión, el jefe del Ministerio Publico advirtió que si Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘el paisa’, no comparece ante la JEP deberá ser excluido de la misma para que responda ante la justicia ordinaria por los delitos que ha cometido.

“No podemos permitir que aquí se incumplan las normas. La fortaleza de una jurisdicción viene de la mano de exigirle a quienes se someten a ella el cumplimiento de la verdad y de la presentación personal, por eso nosotros hemos sido bastante duros en el caso particular de este señor y exigido su comparecencia”, precisó Carrillo Flórez.

El Procurador y su Delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, coincidieron en advertir que la Jurisdicción para la Paz no es una tercera instancia adicional a la justicia ordinaria, porque los procesos ante la JEP exigen verdad, reconocimiento de responsabilidad y sobre hechos relacionados con el conflicto.

“La JEP no puede convertirse en tercera instancia. Los procesos que no se deriven del conflicto armado deben devolverse a la justicia ordinaria”, preciso el jefe del Ministerio Público.
Decisiones

En las 220 investigaciones que culminaron en fallos disciplinarios, 204 de los procesados pertenecían al Ejército, 9 a la Armada Nacional, 5 a la Policía, uno era concejal y otro más pertenecía a una entidad no determinada en el informe.

En total en esos procesos fueron sancionados 290 servidores públicos por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, de los cuales 286 eran miembros del Ejército y los restantes pertenecían a la Armada Nacional.

De esas investigaciones 193 fallos se profirieron por muertes presentadas ilegítimamente como bajas; 8 por causar daños o sufrimientos físicos o sicológicos; 7 por atentados contra la libertad personal, y 3 por colaboración con grupos armados ilegales, entre otras conductas.

Los departamentos que registraron la mayor cantidad de procesos que terminaron con fallos o decisión de archivo fueron Antioquia con 267 casos; Caquetá con 55 casos; Meta con 54 casos; Tolima con 35 casos; Arauca con 33 casos; Huila con 31 casos, y Bolívar con 33 casos.

En cuanto a los procesos que culminaron con decisión de archivo, 460 se adelantaron por muertes presentadas ilegítimamente como bajas; 91 por causar daños o sufrimientos físicos o sicológicos; 46 por atentados contra la libertad personal; 14 por colaboración con grupos armados ilegales, y 10 por conductas no determinadas, entre las más comunes.

Los investigados correspondían a 550 miembros del Ejército; 24 de la Policía; 11 de la Armada Nacional; 47 de entidades por determinar, y los tres restantes pertenecían al DAS, el Gaula y el ICBF.
Para la identificación de los casos entregados a la JEP la Procuraduría tuvo en cuenta las investigaciones donde el sujeto activo de la conducta fuera servidor público; que fueran cometidas por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones; que las acciones fueran realizadas con ocasión o en desarrollo del conflicto armado, y que los hechos fueran cometidos sobre personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

Igualmente, los hechos relacionados fueron agrupados en las siguientes categorías: muertes grupales; muertes selectivas; muertes presentadas ilegítimamente como bajas; causación de daños o sufrimientos físicos o psicológicos; realización de actos de discriminación por razones de raza, sexo, orientación sexual, etnia, religión, ideología política o discapacidad; hechos de violencia basada en género; utilización de medios y métodos de guerra no permitidos; actos que causaron terror en la población, y atentados o afectaciones a la libertad personal.

También ataques o atentados a bienes que no ofrecen ventaja militar; uso de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado; movilización forzada de población; apropiación forzada de bienes; acciones ilegales para obtener financiación; atentados o afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales; afectaciones o atentados contra el Estado; acciones realizadas en colaboración con grupos armados ilegales, e interceptaciones y seguimientos sin orden judicial.

El Ministerio Público entregará un segundo informe a la JEP con el registro de los procesos disciplinarios que se adelantaron entre 1990 y el 2005, para lo cual revisará y analizará los documentos que se encuentran en el archivo general de la entidad y en las distintas procuradurías del país.